Benito Juárez

Juárez, Benito (1806-1872), político mexicano, presidente de la República (1858-1872), considerado héroe nacional de México e indiscutible representante del reformismo liberal de su país que se vio obligado a combatir los intentos anticonstitucionales de las fuerzas conservadoras.

Nacimiento

Nació en San Pablo Guelatao (en la actualidad, Guelatao de Juárez, en el estado de Oaxaca y cercana a la capital del mismo nombre), de la Sierra de Ixtlán, en Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Hijo de campesinos zapotecas muy modestos Marcelino Juárez y Brígida García, quedó huérfano a la edad de tres años. habló solamente zapoteco durante gran parte de su niñez A los doce años se trasladó a la ciudad de Oaxaca . En la ciudad de Oaxaca vivió con su hermana Josefa, quien servía en la casa de don Antonio Maza. Protegido por un sacerdote español (Salanueva), Estudió en el Seminario de Santa Cruz, único plantel de secundaria que existía en Oaxaca. Posteriormente, Juárez estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes donde en 1834 obtuvo su graduación como abogado. En 1833, dos años después de convertirse en regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, fue elegido diputado. Durante algún tiempo vivió de su profesión defendiendo comunidades indígenas. Al ser derrocado de la presidencia el general Paredes Arrillaga, Juárez resultó electo diputado federal, y le correspondió aprobar el préstamo que Gómez Farías había solicitado a la Iglesia (1847) para financiar la guerra contra Estados Unidos de América.

Carrera política

En 1847 se convirtió en gobernador del estado de Oaxaca. Como gobernador de su estado natal procuró el equilibrio económico y ejecutó obras públicas: caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas Normales; levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca; reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el tesoro. y en 1848 resultó reelegido por un periodo de cuatro años. A mediados del siglo XIX (recuerda que son los años 1800-1899) existían dos partidos políticos en nuestro país: el conservador y el liberal. Los dos querían mejorar la situación, pero no estaban de acuerdo en la forma de conseguir lo que el país necesitaba.

De 1833 a 1855, Antonio López de Santa Anna participó constantemente en la política. Intervino en muchos golpes militares, luchas internas y tropiezos económicos que vivió México. Lo mismo los liberales que los conservadores, muchas veces lo buscaron para que se hiciera cargo de la presidencia del país.

La última ocasión en que sucedió esto fue en 1853. Con el propósito de acabar con el desorden, los conservadores formaron un gobierno centralista, y para encabezarlo trajeron del destierro a Santa Anna.

El gobierno de éste se convirtió en una dictadura; el presidente suprimió los derechos y las libertades individuales, e impuso su voluntad personal. Vendió a los Estados Unidos el territorio de La Mesilla, cobró impuestos sobre coches, ventanas y perros y, finalmente, hizo que lo llamaran Alteza Serenísima. Con todo eso, el descontento se generalizó.

En 1854 un antiguo insurgente, Juan Álvarez, se levantó contra Santa Anna y proclamó el Plan de Ayutla. Este exigía que Santa Anna dejara el poder y que se convocara un nuevo Congreso para que elaborara una constitución. La revolución de Ayutla, como se llamó a este movimiento, se extendió rápidamente. Con el triunfo de la revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles. Entre ellos, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto. Una junta nombró presidente interino al general Juan Álvarez y después a Ignacio Comonfort. También convocó a un Congreso que trabajaría en una nueva constitución. El dictador salió de México y desapareció del escenario político. Cuando en 1853 el general Antonio López de Santa Anna retomó el poder, fue encarcelado, desterrado y finalmente deportado sucesivamente a la ciudad cubana de La Habana y más tarde a la ciudad estadounidense de Nueva Orleáns (Luisiana). En 1854 respaldó el Plan de Ayutla, por medio del cual se exigía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal.

Al caer Santa Anna y llegar Juan Álvarez a la presidencia, nombró a Juárez Ministro de Justicia e Instrucción Pública (1855). Desde este ministerio, expidió La Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios (Ley Juárez), con la que fueron abolidos los fueros, privilegios que tenían los militares y el clero por encima de otras personas. Nombrado gobernador de Oaxaca, convocó a elecciones; como resultado de ellas, fue reelecto.

Finalmente el Congreso promulgó la nueva Constitución el 5 de febrero de 1857.

Esta declaraba la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria, de comercio, de trabajo y de asociación. Volvía a organizar al país como una república federal. Entre otras cosas, incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales, y un procedimiento judicial para proteger esos derechos conocido como amparo. También apoyaba la autonomía de los municipios, en que se dividen los estados desde un punto de vista político.

El presidente Comonfort temía que las ideas liberales de la Constitución provocaran un conflicto social y decidió no aplicarla. Los conservadores, dirigidos por Félix María Zuloaga, se rebelaron contra la Constitución. Comonfort intentó negociar con los sublevados pero fracasó, dejó la presidencia y finalmente abandonó el país.

Promulgó en su estado la Constitución de 1857. Se le nombró ministro de Gobernación (1857) y posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia, durante el gobierno del presidente Comonfort. Al desconocer Comonfort la Constitución de 1857, y dar un golpe de Estado, encarceló a diversos ciudadanos, entre ellos Juárez. Este acto de Comonfort desencadenó la Guerra de Reforma.

En 1856, Ignacio Comonfort designó a Juárez como titular de la cartera de Gobernación. La revuelta del Plan de la Ciudadela obligó al Presidente a abandonar la Capital el 19 de enero de 1858, y Juárez que era Presidente de la Suprema Corte quedó como Presidente sustituto de la República.

De acuerdo con la Constitución, al faltar el Presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez, asumió la presidencia del país. Pero, los conservadores no acataron el mandato constitucional y por su cuenta nombraron como presidente a Zuloaga y se apoderaron de la capital. Esto provocó que hubiera dos presidentes, y que estallara la Guerra de Tres Años (1858-1861), o Guerra de Reforma, entre liberales y conservadores.

Presidente de la Suprema Corte de Justicia desde diciembre de 1857, en calidad de tal asumió el 19 de enero del año siguiente en la ciudad de Guanajuato la presidencia provisional de la República. Inició entonces su largo período de Presidente trashumante, de un sitio a otro del país, llevando consigo la representación del poder Legítimo. Desde julio de 1859 empieza a expedir las Leyes de Reforma, en tanto se suceden en la Presidencia, que pretendieron arrebatarle: Félix Zuloaga, Manuel Robles Pezuela, Miguel Miramón, José Ignacio Pavón, José Mariano Salas y el emperador Fernando Maximiliano da Habsburgo.

Etapas del Movimiento de Reforma

En el Movimiento de Reforma debemos distinguir principalmente cuatro etapas:

1) Como antecedente, la reforma de Valentín Gómez Farías, de1833.

2) La segunda reforma, que consta de las leyes Lerdo, Juárez e Iglesias.

3) La Constitución de 1857, en que triunfaron los liberales moderados.

4) Las Leyes de Reforma o de guerra de contenido radical.

Estas últimas comprenden las siguientes leyes:

• Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (1859)
• Matrimonio Civil (1859)
• Registro civil (1859)
• Secularización de Cementerios (1859)
• Días Festivos (1859)
• Libertad de cultos (1860)
• Hospitales y Beneficencia (1861)
• Extinción de Comunidades Religiosas (1863)

En enero de 1861, después de que Jesús González Ortega derrotó en Calpulalpan al ejército conservador de Miguel Miramón, el presidente Juárez retornó victorioso a la ciudad de México.
Iniciada la llamada guerra de Reforma, en mayo de 1858 se vio obligado a establecer la sede de su gobierno en Veracruz, donde prosiguió con la serie de reformas radicales que habían sido la causa de aquélla. En julio de 1859, con apoyo del grupo liberal, expidió las Leyes de Reforma, que declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre matrimonio civil y sobre registro civil; la de panteones y cementerios, y el paso de los bienes de la Iglesia a la nación; cabe destacar, como muestra de la política laicista de Juárez, la reducción del poder de la Iglesia católica mediante el embargo de propiedades eclesiásticas.

Al concluir la Guerra de Reforma con el triunfo de los liberales, fue electo constitucionalmente para continuar en la Presidencia (15 de junio de 1861). Debido a la intervención francesa, en mayo de 1863 tuvo que dejar la ciudad de México, ejerciendo su gobierno desde diferentes puntos del país. Regresó a la ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de que Maximiliano fue juzgado y fusilado.

Por su defensa de las libertades humanas, defensa que sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos, fue proclamado «Benemérito de las Américas».
Al triunfo de la República, dijo en un célebre discurso: «Mexicanos: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».

«Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo».

Sus seguidores derrotaron a las fuerzas conservadoras a finales de 1860, por lo que el 11 de enero de 1861 volvió a establecer su gobierno en la ciudad de México. En junio de ese año fue elegido presidente constitucional.

Para poder afrontar el caos financiero provocado por la guerra de Reforma, Juárez tuvo que suspender los pagos a los acreedores extranjeros. Francia, España y Gran Bretaña, como medida de protesta, desembarcaron tropas en Veracruz. Juárez alcanzó un acuerdo con Gran Bretaña y España, y éstas retiraron sus tropas de México, pero los franceses se mantuvieron en el país y tomaron la ciudad de México. El archiduque de Austria, impuesto por el emperador francés Napoleón III a petición de los sectores monárquicos mexicanos, que organizaron un simulacro de plebiscito, fue coronado emperador de México en 1864 con el nombre de Maximiliano I. Durante el Imperio de Maximiliano, el gobierno republicano encabezado por el Presidente Juárez, se vio obligado a abandonar la ciudad de México y a emprender un largo peregrinaje. El último lugar donde tuvo su residencia la Corte, en esa época turbulenta, fue en la ciudad de San Luis Potosí.
Durante su breve estancia en dicha ciudad, el alto tribunal sesionó en el salón del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que probablemente se encontraba en el interior del Palacio de Gobierno, a un costado de la plaza principal.

Los únicos Ministros que la componían en que entonces, eran: Jesús González Ortega (Presidente); Juan José de la Garza (Primer Magistrado propietario); Joaquín Ruiz (Tercer Magistrado propietario); Manuel Ruiz (Sexto Magistrado Supernumerario); y Antonio Florentino Mercado, quien era Procurador.

Fueron estos hombres los que acompañaron a Juárez en su salida hacia Saltillo; pero, en el camino algunos ser fueron rezagando, otros recibieron nombramientos especiales en el extranjero y el Ministro González Ortega ocupó la Gobernatura del estado de Zacatecas. En este período comprendido entre los años de 1863 hasta 1867, la Corte no ejerció sus funciones judiciales. El cargo de presidente de la Suprema Corte siguió en manos de González.

Ortega, quién después de haber sido derrotado en Zacatecas abandonó el país y fijó su residencia en los Estados Unidos, desde donde entabló una disputa política en la que alegaba su derecho a ocupar la Presidencia de la República, al término del mandato del Presidente Juárez, mismo que debería concluir el 30 de noviembre de 1865, tal y como lo establecía la Constitución de 1857.
Mediante un decreto del 8 de noviembre de 1865, Juárez prorrogó su mandato presidencial en atención a las difíciles circunstancias que se vivían en el país. En ese mismo decreto, Juárez declaraba a González Ortega, responsable del delito de abandono voluntario del cargo y ordenaba que fuera detenido cuando penetrara al territorio nacional.

A partir de éste decreto de 8 de noviembre de 1865, la Corte no existió en lo absoluto, y no fue hasta su reinstalación mediante el decreto número 6057 del 1 de agosto de 1867, que volvió a funcionar, normalmente, con sede en Palacio Nacional.

Dos meses después de la caída del gobierno de Maximiliano I. en mayo de 1867, Juárez regresó a la ciudad de México y ese mismo año fue reelegido presidente, iniciándose así la restauración de la República el 15 de julio de 1867. Se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos.

Asumió nuevamente la presidencia constitucional en diciembre de 1867. Sin embargo, existían en el país numerosos sectores que se oponían a su gobierno. Entre ellos, uno encabezado por el general Porfirio Díaz, el candidato político derrotado electoralmente por Juárez que encabezó una rebelión en 1871, después de la nueva reelección de éste. Pasó los meses que le quedaban de vida tratando de reprimir la sublevación porfirista pero falleció antes de lograrlo, el 18 de julio de 1872 en la ciudad de México. En 1871 fue reelecto por última vez como presidente.

Este día dirigió a la Nación uno de los manifiestos más auténticos, profundos y convincentes de la historia política mexicana.

Constitución de 1857

Se vive el año de 1857; tiempos aciagos convulsionan interiormente al país. El orden jurídico se enaltece con la expedición de una nueva Constitución, el 5 de febrero del mismo año.

«El Poder Judicial», no dice Francisco de Paula Arrangoiz en su obra: «México desde 1808 hasta 1867», «es electivo cada seis años, sin que para ser magistrado en él se exija más requisito que estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de los electores; ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos».

La Suprema Corte sigue de pie, con muchos problemas. Herida, pero de pie; respondiendo a las necesidades de la impartición de justicia en la medida en la que puede hacerlo y se le permite; aún no rompe las cadenas a las que se le somete a través de pasadas constituciones. Se gobernaba en la incertidumbre de las luchas internas y con los pocos elementos con los que contaba, pero aún así, cumplía su misión.

La Constitución de 1857, jurada el 5 de febrero del mismo año, fue el producto de profundas disertaciones históricas, jurídicas y filosóficas, destacando intervenciones como las de los insignes diputados Don Francisco Zarco, de Ponciano Arriaga y por supuesto la ponencia de Don Mariano Otero quién pretendía restaurar la Constitución de 1824, considerándose para ello reformas a la misma, tales como, la prohibición para que corporaciones religiosas adquirieren bienes inmuebles; abolición de fueros militares y eclesiásticos.

La Constitución de 1857 resulta una Constitución liberal, en la que en sus debates camarales ya detenta la semilla de los aspectos sociales, que posteriormente serán plasmados en la Constitución política de 1917, siendo, nos dice Felipe Tena, que Don Ignacio Ramírez se refirió al problema social: «…con mayor vehemencia que Arriaga…».

De esta Constitución y en relación a la Suprema Corte de Justicia, debemos de estar a lo que dispone la Sección III, Título del Poder Judicial, en cuyos artículos se dispone lo siguiente:

ART. 90.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales del Distrito y Circuito.

ART. 91.- La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once Ministros Propietarios, cuatro Supernumerarios, un Fiscal y un Procurador General.

ART. 92.- Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral.

ART. 93.- Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia, se necesita: Estar instruido en la ciencia del derecho, á juicio de los electores, ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.

ART. 94.- Los individuos de la Suprema Corte de Justicia al entrar a ejercer su encargo, prestarán juramento ante el Congreso, y en sus recesos ante la diputación permanente, en la forma siguiente: «¿Juráis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia que os ha conferido el pueblo, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?».

ART. 95.- El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia solo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la diputación permanente.

ART. 96.- La ley establecerá y organizará los Tribunales de Circuito y de Distrito.

ART. 97.- Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I.- De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales.
II.- De las que versen sobre derecho marítimo.
III.- De aquellas en que la federación fuere parte.
IV.- De las que se susciten entre dos o más Estados.
V.- De las que susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro.
VI.- De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.
VII.- De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.

ART. 98.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro, y de aquellas en que la Unión fuere parte.

ART. 99.- Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federación; entre éstos y los de los Estados, o entre los de un Estado y los de otro.

ART. 100.- En los demás casos comprendidos en el Art. 97, la Suprema Corte de Justicia será tribunal de apelación, o bien de última instancia, conforme a la graduación que haga la ley de las atribuciones de los tribunales de Circuito y de Distrito.

ART. 101.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite.

I.- Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.
II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.
III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

ART. 102.- Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
Comonfort juró observar y respetar la Constitución de 57. Este ordenamiento establecía en su artículo 79, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, substituiría al Presidente de la República, en ausencia de éste último; razón por la cual, ante el desconocimiento que de la Constitución a la que nos referimos, hizo el propio Comonfort, Juárez se entregó a la lucha en defensa de la misma, ocupando la primera magistratura de la República, dando cauce y paso a una nueva etapa en la Historia de México, de la que estamos seguros surge el Estado mexicano con tal vigor, que a la postre lanza a la vida jurídico política la Constitución de 1917, primer ordenamiento jurídico social del siglo XX