Alessandri e Ibáñez, dos caudillos
El quehacer político de la sociedad chilena durante la primera mitad del siglo XX se caracterizó por la presencia y despliegue de dos verdaderos caudillos: Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo. Paradójica y coincidentemente, estas dos trascendentales figuras del presidencialismo chileno fueron partícipes y protagonistas del proceso que desembocó en la Constitución de 1925; y de hecho, al poco tiempo se ser promulgada la nueva carta fundamental tuvieron su primer enfrentamiento político.
Debido a la gran ascendencia que Carlos Ibáñez poseía sobre el grupo de militares que encabezó el ruido de sables en el año 1924, Arturo Alessandri una vez que reocupó la Presidencia de la República lo designó ministro de Guerra, con la finalidad que desde aquella posición neutralizara la participación de los elementos militares en la vida política de la nación. A pesar de las intenciones de Alessandri, el ministro Ibáñez utilizó la plataforma del Ministerio de Guerra para organizar una gran red de partidarios y simpatizantes que le permitieron convertirse en una figura preponderante en la escena política de Chile.
La popularidad que alcanzó Ibáñez le posibilitó convertirse en candidato presidencial en desmedro del también miembro del gabinete de Alessandri, Armando Jaramillo. Esta situación generó una serie de conflictos de intereses en la práctica y conformación del equipo ministerial de Alessandri, debido a las suspicacias que levantaba la postulación a La Moneda de un ministro y la posible intervención electoral que este hecho podría propiciar.
Por ello la totalidad del gabinete, con excepción de Ibáñez, presentó su renuncia al cargo; Ibáñez esgrimió como motivo para permanecer en su posición la necesidad de asegurar que el gobierno de Alessandri llevara a la práctica las reformas impulsadas por los militares que dieron vida a la Junta de Gobierno de septiembre de 1924.
Las justificaciones que expuso el ministro de Guerra fueron puestas en conocimiento de la opinión pública por medio de una carta abierta que fue publicada en varios periódicos de cobertura nacional. En aquella misiva Ibáñez planteaba, además, que por ser el único ministro en ejercicio, todos los decretos emitidos por Alessandri debían ser sometidos a su aprobación y posterior rúbrica para que pudieran cumplir con una disposición de la nueva Constitución que señalaba que todos los decretos de ley requerían ser firmados por el Presidente y el ministro del área respectiva.
Desde la perspectiva del ministro de Guerra, la carta dirigida al presidente Alessandri daba cuenta de un hecho preciso y decisivo: que el poder, en forma efectiva, estaba en control de Ibáñez y sus seguidores. Esta situación no dejaba otra opción a Alessandri que dimitir por segunda vez a su cargo; no obstante, según la Constitución ante la ausencia del primer mandatario, la Presidencia quedaba en manos de un ministro previamente designado para subrogarlo, lo que en la práctica significaba entregarle el poder a Ibáñez, puesto que este era el único ministro en funciones.
En lugar de entregar el poder a Ibáñez, Arturo Alessandri decidió llamar al gabinete a su ex contendor en las elecciones de 1920, Luís Barros Borgoño, a quién designó ministro del Interior. Una vez que Barros Borgoño asumió el cargo, inmediatamente Alessandri presento su renuncia y el nuevo titular del Interior asumió la vicepresidencia interina de la República. Acto seguido, el nuevo mandatario procedió a conformar un nuevo equipo ministerial, con excepción de la cartera de Guerra que se hallaba ocupada por Ibáñez.
Frente al nuevo contexto político e institucional, el ministro Ibáñez decidió no presentarse a las elecciones presidenciales y prestó su apoyo a Emiliano Figueroa Larraín, un político tradicional que fue ungido por la mayoría de los sectores como candidato de unidad nacional. Prácticamente sin rivales, las elecciones fueron un mero trámite que solamente confirmaron a Figueroa en el poder.
Tras su elección y en concordancia con el apoyo que recibió de Ibáñez, el presidente Figueroa confirmó a este último en el Ministerio de Guerra y poco tiempo después lo nombró ministro del Interior. Desde esta posición, la influencia de Ibáñez se extendió a lo largo y ancho de todos los asuntos de interés nacional y continúo su labor de vigilancia sobre la aplicación de las reformas propuestas por la Junta de Gobierno de1924. La principal característica de la gestión de Ibáñez en Interior fue una estricta represión contra los opositores al nuevo régimen encabezado en las sombras por su figura, y debido a ello muchos dirigentes políticos fueron deportados o encarcelados, y otra parte debió salir el exilio. La labor represiva de Ibáñez, en el año 1927, llegó al extremo de remover a varios jueces de la Corte Suprema, lo que en la práctica implicaba un desacato a la Constitución de 1925, puesto que esta reducía la facultad de remover a los miembros de la magistratura exclusivamente para el Poder Judicial.
El ataque al Poder Judicial perpetrado por Ibáñez fue duramente resistido por los jueces y el presidente de la Corte Suprema Javier Ángel Figueroa Larraín (hermano del presidente en ejercicio) presentó una enérgica queja a la actitud de Ibáñez. Este último respondió decretando el arresto domiciliario del presidente de la Suprema; enfrentado al exceso de poder de Ibáñez y debilitado enormemente en su rol de Jefe de Gobierno, Emiliano Figueroa presentó su renuncia al cargo y dejó como vicepresidente en ejercicio al ministro del Interior, Carlos Ibáñez del Campo.
Una vez que ocupó la Presidencia, Carlos Ibáñez convocó a elecciones y fue el único candidato en presentarse. El resultado arrojó un 98% de adhesión para Ibáñez, lo que le permitió al otrora ministro de Guerra convertirse oficialmente en Presidente de la República.