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Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973

La marcada división en que se encontraba presente en el seno de la sociedad chilena había llegado a un punto de no retorno y los sectores de oposición al gobierno y aquellos que lo respaldaban se contemplaban como bandos irreconciliables, pues poseían formas muy distintas de percibir y analizar la realidad del país; y de la misma forma en que indicamos más arriba, el fin de la crisis política que tenía paralizado al país sólo podía llegar tras la toma definitiva del poder por parte del sector revolucionario de la Unidad Popular, o mediante un golpe militar de Estado que recompusiera el status quo que prevalecía antes de que Allende asumiera el gobierno del país.

El día martes 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas comandadas por el recientemente ascendido general Augusto Pinochet, dieron un golpe de Estado, a través de un movimiento rápido y concertado que implicó que los cuadros castrenses tomaran control de todas las intendencias y gobernaciones del país, y que cercaran militarmente (con vehículos blindados y unidades de combate) el palacio de La Moneda.

Los militares golpistas ofrecieron al presidente Allende que si presentaba su renuncia al cargo se le respetaría como tal y podría salir del país junto a su familia. La respuesta de Allende fue negativa y decidió resistir el sitio a La Moneda junto a su guardia personal, el GAP. Luego de 3 horas de intensa lucha, a las 11:00 de la mañana, y tras el bombardeo del frontis de La Moneda efectuado por dos aviones Hawker Hunter, los que provocaron un incendio que obligó a Allende a suspender su resistencia y a solicitar una tregua para que abandonaran el palacio los miembro del GAP, a quienes Allende había liberado de sus responsabilidades. Los miembros del GAP al salir procedieron a rendirse e inmediatamente fueron hechos prisioneros. Tras la salida de su guardia personal, el presidente Allende se suicidó.

Las primeras declaraciones de los militares tras el golpe de Estado fueron las siguientes:

“Teniendo presente que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad, demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y derecho en general a una digna y segura subsistencia. Que el mismo gobierno ha quebrantado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta…llevando a una lucha fraticida y ciega…Que además el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades…las que por distintos motivos han quedado sin sanción…las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia el sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien común y de alto interés patriótico que se dispone a cumplir” (Bando Nº 5, 11 de septiembre de 1973).

Tras la caída de Allende, el poder fue asumido por una Junta Militar que estaba constituida por el general Augusto Pinochet (Ejército), el general Gustavo Leigh (Fuerza Aérea) y el general César Mendoza (Carabineros) y el almirante José Toribio Medina (Armada). A pesar de actuar en forma conjunta, los miembros de la Junta Militar tenían ópticas distintas sobre las funciones y objetivos que debían cumplir: una parte de la Junta deseaba implantar un gobierno militar caracterizado por la mano dura, y el otro sector quería que la Junta tras un breve periodo de transición entregara el control del gobierno a los civiles.

Debido a las diferencias entre sus integrantes, la Junta Militar asumió la jefatura de Estado sin un programa de gobierno definitivo; sin embargo, tras un breve periodo en el poder el accionar de la Junta Militar se fue aclarando. Las acciones inmediatas que los militares tomaron fue la suspensión de la Constitución Política de 1925; la declaración del Estado de Sitio y del toque de queda; la disolución del Congreso; la proscripción de las organizaciones políticas que componían la Unidad Popular, y posteriormente la de los demás partidos políticos; la restricción de las libertades civiles; la supresión de toda actividad sindical; y el control de los medios de comunicación.

Tras la irrupción de los militares, además, se crearon campos de detención para los prisioneros políticos, aunque muchos de ellos, opositores al nuevo régimen castrense, fueron detenidos, torturados y luego desaparecidos. Los que tuvieron más suerte fueron enviados al exilio; algunos presos políticos, también, fueron relegados. De la misma forma, el entrante gobierno militar intervino ferozmente a las Universidades y relevaron a todos sus rectores. Por su parte, los funcionarios públicos de la Unidad Popular fueron exonerados de sus puestos de trabajo.

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