La chilenización del Cobre

La principal fuente de ingresos del Estado chileno eran los impuestos que gravaban a las exportaciones de cobre, una situación que se arrastraba desde la caída del salitre como el producto de mayor relevancia para la economía chilena.


No obstante, desde la década del ’50 habían comenzado a producirse problemas debido a la inconsistencia de los precios mundiales del cobre y a errores de gestión que eran atribuidos a la incompetencia de las empresas extranjeras que controlaban la extracción y el comercio de la industria cuprífera.

A pesar de la situación anterior, para la década de 1960 las ventas del cobre representaban el 60% del total de las exportaciones chilenas; sin embargo, la propiedad del 85% de la industria cuprífera estaba en poder de dos empresas estadounidenses: la Anaconda Copper Company, que explotaba los ricos yacimientos de Chuquicamata (la mina a tajo abierto más grande del mundo), Potrerillos y El Salvador; y la Kennecot Corporation, que era dueña del yacimiento de El Teniente (la mina subterránea más grande del mundo). A mediados de la década que analizamos, en el año 1965, el gobierno chileno intentó lograr el traspaso de las mineras al Estado con la finalidad de duplicar la producción de cobre dentro de un plazo de seis años.

La primera compañía cuprífera en ceder parte de sus derechos al gobierno chileno fue la Kennecot Corporation que entregó el 51% de sus acciones a cambio de un ventajoso acuerdo que estableció un precio mucho más elevado que el de mercado. Para complementar la operación, la administración Frei Montalva rebajó en forma considerable (a la mitad) los tributos que las mineras debían pagar por la venta del cobre; de esta forma, tras el traspaso de las acciones, las cupríferas aumentaron enormemente sus ingresos. Cabe señalar que a pesar del ingreso del gobierno al directorio de Kennecot Corporation, la contraparte estadounidense conservó el control administrativo de la empresa.

Esta última situación generó una fuerte controversia en la opinión pública nacional pues un gran sector de la ciudadanía, entre los que se encontraban sectores de la izquierda y grupos radicalizados de la propia Democracia Cristiana que eran partidarios de reformas profundas en la estructura económica de Chile. En suma, un amplio segmento de la población percibió que la administración Frei se dejó presionar por la compañía estadounidense y consideró aquel hecho como una señal de debilidad del gobierno chileno.

Lo descrito más arriba se convirtió en un factor que retrasó las negociaciones que llevaba a cabo el gobierno de Frei para acceder al control de la Anaconda Copper Company, la otra gigante cuprífera estadounidense. La dilación del acuerdo para chilenizar la propiedad de los yacimientos de Chuquicamata, Potrerillos y El Salvador tuvo como consecuencia que sólo en las postrimerías del gobierno de Frei (1969) se lograra un acuerdo para el traspaso el 51% de las acciones de la Anaconda. La particularidad de este acuerdo fue que se estableció un plazo de 3 años para que la totalidad de las acciones de la compañía pasara a manos del gobierno chileno. Esta nueva negociación volvió a despertar las críticas de la opinión pública y, de hecho, llevó a que el candidato de la Democracia Cristiana para las elecciones de 1970, Radomiro Tomic, incluyera entre sus promesas electorales la definitiva nacionalización de la Gran Minería del Cobre chilena.