La Nacionalización de la Industria

Una de las principales intenciones de la Unidad Popular cuando llegó al gobierno era nacionalizar los sectores más relevantes de la base industrial del país. A pesar de que el Estado a través de la CORFO era dueño y controlaba la industria del acero, el petróleo, las refinerías, los ferrocarriles, la Línea Aérea Nacional, entre otros sectores productivos, a lo que se sumaba el 40% de la industria de manufacturas, la administración Allende tenía como objetivo erradicar todo tipo de monopolio, y para ello definió una estrategia económica que contaba con tres áreas básicas: el Área Social (compuesto por empresas de propiedad del Estado), el Área Mixta (empresas donde el principal accionista era el Estado), y el Área Privada (compuesto por pequeñas y medianas empresas).


A diferencia de lo ocurrido con el proceso de nacionalización del cobre, el gobierno de la Unidad Popular no contaba con el apoyo parlamentario necesario para llevar a cabo la expropiación de las grandes industrias, y a pesar de ello en octubre de 1971 la administración Allende envió una iniciativa legal en la que proponía traspasar al Área Social o Mixta todas las empresas que contaran con un activo neto que excediera el millón de dólares, puesto que estimaba que ellas jugaban un rol fundamental para asegurar el abastecimiento del mercado de consumo interno.

Un total de 253 compañías se circunscribían a los parámetros señalados por el Estado para la expropiación, y de acuerdo al plan del gobierno se había decidido indemnizar a sus propietarios mediante la emisión de bonos de deuda. Sin embargo, al no contar con la aprobación del Congreso, la administración Allende procedió a expropiar a las industrias mediante la utilización de los llamados “resquicios legales”, como lo fue la aplicación de un decreto de ley emanado por la junta de gobierno presidida por Carlos Dávila en el año 1932, el que había dispuesto un cuerpo legal expropiatorio que tenía sus raíces en el Comisariato de Subsistencias y Precios, el cual nunca había sido derogado y permanecía vigente. La utilización de este cuerpo legal, le permitió al gobierno de Allende realizar la compra de acciones de los bancos y de las grandes industrias y luego traspasarlos al Estado.

En un principio el gobierno tuvo la intención de tomar el control de las 253 empresas que en conjunto poseían el 90% del capital chileno. Sin embargo, en el periodo 1971-72 sólo fueron expropiadas 90 de ellas, de las cuales una gran parte correspondía a empresas controladas por capitales estadounidenses; entre las empresas expropiadas se contaban compañías multinacionales de gigantesco tamaño como la Ford o a la ITT. Como resultado de este proceso de nacionalización, para el año 1973 el Estado chileno poseía más de 400 compañías que correspondían aproximadamente al 60% del Producto Bruto Interno.

A pesar de los propósitos de la administración Allende, los resultados de la nacionalización de la industria chilena no fueron los esperados. Para el año 1971, en el cual comenzó tibiamente el proceso de nacionalización, no se podían percibir los efectos de la política económica de la Unidad Popular; no obstante, tras ser puestas en práctica medidas de marcado corte socialista como el congelamiento de los precios y el aumento de los salarios, el poder adquisitivo de la población aumentó y el grueso de ella pudo acceder a la compra de productos de mejor calidad, como alimentos o ropas. Como consecuencia de ello, el Producto Nacional Bruto se elevó hasta un 8,3%, la producción industrial aumentó en un 12,1% y el desempleo disminuyó hasta llegar a sólo un 3,8%.

Sin embargo, debido a la misma fuerza con que se llevó a cabo el proceso de expropiación de las industrias, la iniciativa gubernamental se vio sobrepasada por la efusión del movimiento obrero, el cual elevó sus niveles de organización y pasó a protagonizar por si mismo la expropiación de varias empresas, las cuales quedaron bajo control obrero bajo una lógica organizativa denominada como la de los “cordones industriales”. No obstante, desde la óptica macroeconómica, esta situación generó gran incertidumbre entre los inversionistas e hizo descender bruscamente el crecimiento de la producción industrial durante el año 1972. Para el año 1973 la gravedad de la situación aumentó, y se llegó hasta el punto de que la producción entro en una fase de paralización.