La Nacionalización del Cobre

Según el análisis de la Unidad Popular, el hecho de que la Gran Minería del Cobre estuviera bajo control de capitales norteamericanos era un factor que conspiraba con la situación de subdesarrollo en que se encontraba nuestro país. Desde la óptica de la administración Allende, el cobre era “el sueldo de Chile” por lo que las ingentes utilidades que la industria cuprífera generaba (alrededor de 120 millones de dólares anuales) debían a partir de aquel momento pasar a las arcas del Estado chileno.


De acuerdo a lo señalado más arriba, en diciembre de 1970 el gobierno de Allende envío al Congreso un proyecto de ley para realizar una enmienda constitucional para nacionalizar a la Gran Minería del Cobre, el que resultó aprobado por mayoría. El núcleo de esta enmienda consistía en que el Estado chileno conquistaba la prerrogativa de expropiar a las grandes empresas del cobre, las que serían compensadas con una indemnización a determinar por la Presidencia de la República.

En consecuencia, durante el año 1971 las acciones de la Kennecot Corporation y la Anaconda Copper Company fueron traspasadas al Estado chileno; la administración Allende, además, planteaba que estas empresas eran acreedoras del Estado de Chile por las excesivas utilidades percibidas con anterioridad, y que debido a esa situación las empresas en cuestión no serían indemnizadas en el proceso de nacionalización del cobre chileno.

A pesar de las intenciones del gobierno de Allende, la nacionalización de la Gran Minería del Cobre no repercutió positivamente en la economía del país, puesto que en forma inmediata a la nacionalización los niveles de producción disminuyeron bruscamente. Varios analistas de diversas posturas políticas, suelen señalar que las razones de este declive en la industria del cobre se debieron a una serie de factores que se generaron como efectos de la nacionalización; entre ellos se pueden indicar el boicot que los Estados Unidos practicaron a la venta de repuestos para las maquinarias utilizadas en la producción de cobre; el retiro de los técnicos especializados al cesar las remuneraciones en dólares; y la falta de especialización de los nuevos gerentes de las compañías cupríferas.

En el ámbito sindical, el proceso de nacionalización del cobre trajo consigo para el Estado Chileno la necesidad de hacerse cargo de las demandas por aumentos de los salarios de los trabajadores del cobre, los que progresivamente se habían constituido en una especie de aristocracia obrera y que presionaban fuertemente al gobierno por la consecución de ellas.

Sobre lo anterior resulta imprescindible constatar el hecho de que la mayoría de las organizaciones sindicales de los trabajadores del cobre estaban dominadas por la Democracia Cristiana desde que el gobierno de Frei emprendiera el proceso de chilenización de la industria cuprífera, y que su tensa relación con el gobierno se debía a las órdenes de la cúpula democratacristiana. Este último factor se suele señalar en los diversos análisis historiográficos como parte de una estrategia utilizada por la Democracia Cristiana para desbarajustar el gobierno de Allende, y de esa forma retener el apoyo de amplios sectores que durante el gobierno de Frei se habían convertido en clientes del aparato estatal y que ante la llegada de una nueva administración y de una nueva burocracia veían en peligros los privilegios conquistados en el periodo 1964-70.

Debido a esta situación, en pocas semanas las faenas de producción se detuvieron por las huelgas protagonizadas por los trabajadores, lo que obligó al gobierno a aplicar una estrategia considerada por la Unidad Popular como nefasta y que en el pasado combatió fervorosamente: contratar nueva mano de obra para reemplazar a los obreros movilizados. Entre los años 1971 y 1972 se produjeron 85 huelgas, lo que elevó la contratación de obreros reemplazantes en un 45% para el periodo estudiado.