La Reforma Estructuralista (1964 – 1970)

La base conceptual del programa político de la Democracia Cristiana se basaba en las los postulados estructuralistas planteados por el sociólogo y sacerdote jesuita Roger Vekemans, quién desarrolló sus ideas en el seno de la CEPAL.


Los planteamientos de Vekemans dieron pie a la formulación de una nueva estrategia de desarrollo, cuyas principales propuestas fueron:

  1. La economía chilena estaba supeditada a la existencia de una dicotomía entre un sector urbano moderno y un sector rural tradicional, una situación que impedía el desarrollo de una capacidad productiva de carácter nacional e integral.

  2. Los sectores denominados modernos, en consonancia con la imposibilidad de que el país desarrollara una capacidad productiva, se veían impedidos de expandir sus actividades a la producción de manufacturas debido a lo limitado del mercado interno. La incapacidad de este último de expandir el consumo conspiraba contra el aumento de los salarios, y ello reducía el consumo que a su vez limitaba las posibilidades de aumentar la producción, un hecho que finalmente desincentivaba las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

  3. Como causante de estas condiciones era señalado el sector tradicional, puesto que a su responsabilidad se circunscribían tres de los problemas más graves de la economía chilena: el estancamiento de la producción rural; los permanentes bajos niveles de baja productividad; y la estructura de tenencia de la tierra que no permitía elevar los niveles de productividad.

El resultado de este análisis era concluyente: era necesario implementar una Reforma Agraria que modificara sustancialmente las condiciones de tenencia y explotación de la tierra agrícola mediante un proceso que a través de la expropiación, la subdivisión y la redistribución de las tierras, y mediante políticas públicas modernizara las arcaicas formas de propiedad presentes en el alicaído campo chileno. El proceso de Reforma Agraria contemplaba, además, el otorgamiento de una serie de créditos para los nuevos propietarios, el despliegue de asesorías técnicas y el establecimiento de subvenciones específicas.

Con estas premisas como parte fundamental de su programa de gobierno, la Democracia Cristiana dio luz al cuerpo legal del proyecto de la Reforma Agraria en 1967.Durante ese año fueron aprobados por el Congreso dos iniciativas legales; en primer lugar se aprobó una ley de Reforma Agraria que facultaba al gobierno para la creación de una Corporación de Reforma Agraria, un organismo que era el encargado de llevar a cabo las expropiaciones que en mayor medida afectarían a las propiedades que excedieran las 80 hectáreas de riego básico.

En segunda instancia se aprobó una ley de sindicalización campesina, la que se orientaba a establecer las condiciones para que fomentar la participación de la población rural en la implementación de la Reforma Agraria.

Cabe señalar que entre los años 1965 y 1970 se había redistribuido alrededor de 3 millones de hectáreas físicas, una cifra que correspondía al 15% de la tierra cultivable y que hasta la fecha componían la suma de 1.130 fundos. El resultado de estas reparticiones de tierra impactó de forma positiva en la economía chilena, descartando las proyecciones de los economistas ultraliberales que habían puesto en duda los efectos de la Reforma Agraria; muy por el contrario, la mayoría de los índices de producción se elevaron y algunos productos alcanzaron sus máximos registros históricos, como fue el caso del trigo que en el periodo 1967-68 logró superar los niveles productivos de mitades del siglo XIX.