Los Militares controlan Chile
Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas deben legitimar su gobierno, convirtiendo al general Pinochet en Presidente de Chile.
Hacia el poder total
El 11 de septiembre de 1973 se constituyó la Junta Militar de Gobierno, integrada por los comandantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros: Por orden de antigüedad sus integrantes eran:
- General del Aire Gustavo Leigh Guzmán
- General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte
- Almirante José Toribio Merino Castro
- General Director de Carabineros César Mendoza Durán.
Una de las dificultades esperables con el golpe de estado era el enfrentamiento armado con los sectores que apoyaron al derrocado Presidente Salvador Allende. Pero no hubo una gran resistencia. Se creía que en los sectores en que se ubican las industrias la resistencia armada iba a ser muy prolongada. Sin embargo fue más bien menor. Esto se puede explicar por dos razones: la primera es el estricto control de armas que tenía el ejército antes del golpe de Estado y segundo el temor que provocó el bombardeo al Palacio de La Moneda por los aviones de la Fuerza Aérea. Sin embargo, algunos grupos paramilitares extremistas de izquierda continuaron operando incluso un año tras el golpe de Estado. Paulatinamente fueron siendo derrotados y muchos de sus integrantes se refugiaron en Embajadas de países europeos. El establecimiento por cinco años de un estricto toque de queda (después reemplazado por las «restricciones de desplazamientos nocturnos») ayudó al gobierno militar a controlar el orden.
Para el control de la población civil durante septiembre y octubre de 1973 se tomaron drásticas medidas. Junto con la promesa que los derechos de los trabajadores serían respetados, se ordenó que todos volvieran a trabajar, suspendiéndose el derecho a huelga. Se disolvió el Congreso Nacional (durante 16 años no hubo Senadores ni Diputados), los Partidos Políticos fueron disueltos e incluso los que apoyaron a Allende fueron considerados ilegales. Se prohibieron las elecciones de todo tipo (incluso ante el temor hubo profesores que no permitían elegir «presidente de curso»), no se podía hacer reuniones sociales sin permiso previo, ni siquiera cumpleaños infantiles. Más sería fue la eliminación de la Central Única de Trabajadores (la antigua CUT), se despidió a unos quince mil trabajadores de la administración pública, los rectores universitarios fueron reemplazados por militares delegados y se expulsó a unos 20 mil estudiantes. A todo esto se suma la desinformación debido a la censura previa y al cierre de los medios de prensa opositores.
Un número indeterminado de ciudadanos fueron detenidos y llevados a campos de prisioneros. En muchos casos están desaparecidos hasta el día de hoy. A pesar de los intentos de los abogados por aplicar recursos de protección para los prisioneros, éstos fueron sistemáticamente rechazados por las Cortes, a veces con justificaciones tales como «si están detenidos en un recinto militar los jueces no pueden ingresar a verificarlo».
Para darle legalidad al gobierno militar Pinochet creó el Comité de Asesores de la Junta, destacándose los abogados titulados en la Universidad Católica: Jaime Guzmán y Mónica Madariaga. Ellos serán los consejeros civiles del Jefe de Estado Augusto Pinochet. De ahí nacerán las ideas de hacer una nueva Constitución Política y darle formalidad al gobierno. Se dividió el poder, quedando Pinochet a cargo del órgano ejecutivo, mientras que Merino, Leigh y Mendoza se convierten en el órgano legislativo. En diciembre de 1974 Augusto Pinochet se convierte oficialmente en Presidente de la República de Chile. Entre las medidas adoptadas en ese momento se acordó que los decretos leyes dictados por el gobierno tendrán mayor valor que lo que diga la antigua Constitución Política de 1925. Y respecto del poder judicial, se hicieron cambios en sus integrantes, quedando como tribunales leales al régimen militar. Con todas estas medidas, en poco más de un año los militares tuvieron el poder total y Augusto Pinochet se consolida como un dictador legalizado.