La nacionalización del cobre chileno.
En 1971, tras un largo proceso que incluyó varios gobiernos, y con un acuerdo político unánime; las mineras del cobre pasaron a ser propiedad del Estado de Chile.
Los costos iniciales de la explotación del cobre eran deamasiados altos como para que el Estado chileno a principios del siglo XX pudiera hacerlo. Se trata de yacimientos mineros de baja ley, y por lo tanto requieren de remover toneladas de rocas para obtener kilos de mineral. Establecidas compañías de Estados Unidos, como la «Anaconda» y la «Braden» (una filial de «Kennecott»), funcionaban como verdaderos enclaves estadounidenses dentro de Chile. Eso no era del todo malo, pues sus mineros tenían condiciones de trabajo muy superiores a las empresas chilenas de carbón o la mediana minería del cobre. Su sistema de explotación incluía el construir una verdadera ciudad a modo de campamento junto a la mina. La bandera de Estados Unidos flameaba junto a la chilena. Para regularizar su funcionamiento en 1955, durante el gobierno de Carlos Ibáñez, se promulgó la ley 11.828 en que se establecieron las tasas tributarias de las mineras del cobre. Ese dato sería muy relevante al momento de la nacionalización en 1971.
Convertir en chilenas las mineras extranjeras es una idea que comienza a tomar forma en los años 30, cuando tales conceptos son aplicados en lejanas naciones como Turquía. Con el establecimiento del comunismo en China y Cuba, el concepto que el Estado era el mejor administrador de las riquezas naturales fue algo imposible de contrarrestar. Por otra parte, para cualquier persona bien informada era hecho conocido que las mineras dejaban grandes utilidades, que en su mayor parte se utilizaban en proyectos industriales en los países desarrollados, los cuales vendían a muy altos precios sus bienes manufacturados. El sistema era a todas luces injusto. Si bien los trabajadores mineros tenían beneficios nunca antes vistos en Chile, como atención médica, educacional, etc, ellos eran solo una minoría dentro de un país lleno de carencias.
Chilenización del Cobre
En 1966 se dio un importante paso para convertir las mineras en propiedad del Estado. En la ley 16.425, firmada por el Presidente Eduardo Frei, se autoriza al Estado a comprar acciones de las grandes compañías mineras. Al paso del tiempo estas fueron controladas por el Estado al superar el 50% de las acciones, en lo que se llamó la chilenización del cobre. En 1969 se pacto una paulatina compra de acciones, que causaría para 1982 el efecto del completo dominio de las mineras, es decir una nacionalización en el largo plazo. Esto fue interrumpido por la «Nacionalización».
Nacionalización del Cobre
En 1971, se hace un cambio en la Constitución Política, aprobado en forma unánime por el Congreso Nacional (que estaba integrado por políticos de diversas tendencias, tanto de derecha como de izquierda), lo que legalmente corresponde a la ley 17.450. Se establece que el subsuelo del territorio chileno pertenece al Estado. Literalmente el texto constitucional quedó así: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales». De esta manera se constituye un acto de nacionalización.
Indemnizaciones
Las empresas mineras fueron indemnizadas de acuerdo al valor de libro, esto es lo que valen las maquinarias, instalaciones, etc. No se indemniza el yacimiento en sí, el cual simplemente pasa a nombre del Estado. Se contempla el descuento de la indemnización si las mineras no entregaban cosas tales como los planos de la mina. Y hubo otro muy polémico descuento: las utilidades excesivas obtenidas por la explotación del cobre desde el año 1955, cuando se regularizaron las normas tributarias mineras. Esto se calculó en base a las utilidades establecidas en un máximo de 10%. Las mineras en muchos casos quedaron debiendo dinero al Estado. El Presidente Salvador Allende consideró justo el sistema, considerando que las empresas mineras extranjeras habían acumulado ganancias por 4 mil millones de dólares.
Las mineras siguieron juicios contra el Estado chileno por las indemnizaciones. Entre 1974, mientras gobierna Augusto Pinochet, el Estado de Chile decide pagarles a las mineras más de 300 millones de dólares. En esta no se consideraban las «utilidades excesivas». La nueva política económica, de libre mercado, establecida por el régimen militar era consecuente con el pago de aquellas indemnizaciones, pero no echó pié atrás con la nacionalización, la cual se mantuvo hasta el final de su gobierno. Cabe señalar que los pagos fueron impulsados en gran medida por las presiones de las empresas extranjeras, que amenazaban con cerrar los mercados para el cobre chileno.