El consulado en Nueva España
Definición de consulado en Nueva España, origen, evolución y disolución.
Definición de consulado
Los consulados en Nueva España, pueden ser definidos como organizaciones comerciales formadas por mercaderes, quienes fueron un grupo con una posición económica reconocida y privilegiada entre los siglos XVI-XIX. Debido al reconocimiento jurídico gremial que les otorgaba la corona española, tenían la posibilidad de ser escuchados por el Estado y otras corporaciones, hecho que les permitía intervenir en asuntos políticos y sociales.
Origen de los consulados en Nueva España.
Desde los primeros años de la conquista, pequeños comerciantes provenientes de España llegaron a América con la intención de forjar fortuna, ya sea trayendo artículos desde la península española para ser vendidos en América o reinvirtiendo pequeñas fortunas en la adquisición de plata y grana cochinilla (utilizada para teñir todo tipo de objetos). Estos dos últimos productos, fueron la clave del éxito para estos comerciantes en los primeros años de la conquista.
Con el paso de los años, los mercaderes diversificaron sus inversiones en la compra de haciendas, contratos de abasto, arriendos de propiedades, formación de sociedades y crédito, entre otros negocios, permitiendo ser identificados socialmente como un grupo con una posición económica reconocida y privilegiada, hecho que les permitía intervenir en asuntos políticos y sociales. Sin embargo, pese a su privilegiada situación económica muchos de los mercaderes provenientes de España, una vez que acumulaban fortuna, retornaban a Europa o se dedicaban a rubros más seguros que el comercio exterior, impidiendo la formación de linajes de tradición en los negocios.
La inexistencia de linajes de tradición en los negocios, explicada sus causas anteriormente, impulsó la creación de grupos complejos y variados, integrados por comerciantes españoles y posteriormente criollos, dando origen a los consulados, quienes lograron integrarse a otros sectores de la sociedad, formando así alianzas estratégicas donde los mercaderes lograban defender sus intereses. Un ejemplo de aquello, fue la petición realizada por el cabildo de ciudad de México a la corona española en 1561, donde se solicitaba el reconocimiento del consulado de esa ciudad, pese a que en un principio las autoridades negaron esta solicitud, finalmente el reconocimiento y autorización del Consulado de Nuevo México fue aceptado en 1592, obteniendo así la calidad jurídica de gremio y la posibilidad de ser escuchados por el Estado y otras corporaciones.
Luego del reconocimiento del consulado de Nuevo México en 1795 se fundaron el Consulado de Veracruz y el de Guadalajara. Aunque también hubo intentos infructuosos por llevar a cabo este tipo de organización en otras regiones como Puebla y Yucatán en 1821, donde a pesar del importante desarrollo comercial e insistencia no consiguieron la autorización para su instalación.
Los consulados durante la dinastía de los Borbones.
Con la llegada al poder de la dinastía Borbón, se intentó disminuir el poder de los grupos coloniales que controlaban los territorios ultramarinos, buscando transformar a los consulados en órganos administrativos destinados a promover las políticas gubernamentales. Sin embargo, el lento aparato burocrático, la extensión del imperio y las posteriores guerras de independencia hicieron que la corona española repartiera privilegios a los mercaderes cuando necesitó de su apoyo económico, aumentando así el poder e influencia de los consulados.
Fin de los consulados
Tras la Independencia, se discutió sobre la continuidad de los consulados, para los más conservadores estos grupos debían continuar vigentes debido al dinamismo que otorgaban a la economía, pero para los más liberales estas organizaciones eran consideradas rezagos de un régimen colonial, que debía quedar en el pasado. Además, la estrecha unión entre los mercaderes y la monarquía podría constituir un peligro en caso de que España quisiera retomar su dominio sobre Nuevo México, este argumento finalmente, fue la base para que en el año 1824, el congreso expidiera el decreto que dictó la supresión de los consulados, ordenando que sus fondos fueran trasladados a la Hacienda Pública y que la jurisdicción mercantil pasara a manos de los alcaldes o jueces de letras, quienes se regirían con las Ordenanzas de Bilbao.