El Gobierno de Ibáñez: el Ibañismo en acción
Carlos Ibáñez del Campo asumió la Presidencia de la República bajo estrictas medidas de seguridad y dirigiendo severas críticas a los partidos políticos y en especial a sus miembros. Con la intención de mantener limitada la influencia de los políticos tradicionales y con el objetivo de contar con un referente organizado como base de apoyo, Ibáñez por medio de sus colaboradores dio forma a la denominada Confederación Republicana para la Acción Cívica, conocida regularmente bajo la sigla CRAC.
El recelo de Ibáñez hacia los partidos políticos, a quienes responsabilizaba por el estado en que se encontraba el país y por la crisis social que habían generado, lo llevó a gobernar mediante el mecanismo de la dictación de decretos-ley, una estrategia propia de los gobiernos que llegaban al poder por medios distintos a las elecciones. El desprecio de Ibáñez hacia el Congreso y sus componentes, le hizo a conformar un Legislativo acorde a sus finalidades; para ello reunió en 1930 a dirigentes de los diversos sectores políticos con el propósito de que presentaran una lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, en la que se debían incluir el mismo número de postulantes como de cargos a disputar en las elecciones parlamentarias.
Las disposiciones electorales señaladas en la Constitución de 1925 declaraban que en caso de existir igual cantidad de candidatos que cargos por disputar, quienes se inscribían para participar en las elecciones en cuestión resultaban automáticamente electos. El cónclave que dio origen a la nueva conformación del Parlamento fue realizado en el balneario de las Termas de Chillán, por lo que generalmente se conoce a este nuevo orden del Legislativo como “Congreso Termal”.
La administración de Ibáñez, además, estuvo fuertemente marcada por una gran inversión en obras públicas, las que se llevaron a cabo con una doble finalidad: la de dotar al país de una infraestructura pertinente que le permitiera progresar económica y socialmente, y más importante, generar una gran cantidad de fuentes laborales para paliar los altos niveles de cesantía que progresivamente llevaban a más personas a manifestarse en contra del orden institucional imperante.
La fuerte inversión en obras públicas fue complementada por una ampliación del aparato burocrático estatal, situación que en el año 1930 llevó a la dictación del Estatuto Administrativo, en el cual se explicitaban las normas que regían el actuar y proceder de los funcionarios públicos. En el mismo contexto, tres años atrás, se había dado vida a la Contraloría General de la República, un organismo que tiene como fin la supervigilancia de la correcta administración financiera de los recursos del Estado.
La necesidad de asegurar el mantenimiento del orden público y el desorden en que se hallaban las instituciones policiales, llevó al presidente Ibáñez a dar forma al Cuerpo de Carabineros de Chile en el año 1927. En esta nueva organización se reunieron las policías municipales y cuerpos de seguridad de variada procedencia. Bajo la misma impronta, en el año 1930, se procedió a la creación de la Fuerza Aérea de Chile, la que hasta la fecha era solamente una rama especializada del Ejército sin contar con un presupuesto ni estructura de mando propia.
En el campo de la educación, el gobierno de Ibáñez intentó profundizar la cobertura del incipiente sistema educativo chileno a través de la dictación de leyes que hacían obligatoria la asistencia a las escuelas de los niños entre 7 y 15 años. Otra medida de relevancia respecto a la educación, fue la promulgación de la ley de autonomía universitaria; esta ley garantizaba la independencia académica y administrativa de las universidades chilenas respecto de la Universidad de Chile, la que hasta entonces las oficiaba como el organismo contralor y supervisor de todas las universidades del país.
Las relaciones internacionales durante el gobierno de Ibáñez estuvieron marcadas por la necesidad de llegar a un acuerdo con Perú sobre la situación en que se hallaban las ciudades de Tacna y Arica, ya que según disponía el acuerdo de 1893 aquellas ciudades debían decidir mediante un plesbicito bajo que jurisdicción quedarían en forma permanente. En el año 1929, Chile y Perú acordaron que Tacna quedaría circunscripta a los límites de Perú, y que Arica pasaría a formar parte del territorio chileno; en este mismo acuerdo, ambos países establecieron como frontera la línea de la Concordia.