En 1907 el asesinato de unos 1000 obreros dan el punto de quiebre entre un movimiento de trabajadores que no era tomado en cuenta a uno que remecerá la política chilena.
Los obreros chilenos habían heredado la mentalidad colonial en que el patrón le hacía un favor por aceptar que trabajase para él. Nada más lejano de la realidad, pues era todo lo contrario, era el trabajador el que le hacía el favor al patrón que podía hacer producir su negocio o industria. En los últimos años del siglo XIX los trabajadores fueron organizándose en mancomunales con las cuales se podían ayudar entre ellos, y sobre todo instruirse respecto de su realidad.
La condición de vida de los trabajadores obreros comenzó a ser notada en el país gracias a las protestas hechas por los trabajadores salitreros. Estaban fuertemente influenciados por ácratas, anarquistas, socialistas y democráticos. Eran por muchos políticos menospreciados, casi como si no existieran, o bien que sólo eran el fruto de agitadores y no el sentir verdadero de los obreros. Las voces más observadoras en Santiago planteaban el tema de la «cuestión social«, en que dadas las malísimas condiciones de trabajo, vivienda y educación de los trabajadores, éstos iban a provocar un alzamiento, que al igual que en Europa sería muy violento.
En 1904 el Presidente Riesco decidió enviar una comisión investigadora para conocer la realidad de los trabajadores del norte de Chile. Como conclusión el informe decía: «que la condición moral de los obreros de la pampa es a todas luces deficiente e influye, sin duda alguna, en el fomento de su malestar. El operario vive deprimido por el abandono moral en que se le olvida. Ni la autoridad pública ni los patrones mismos han cuidado hasta ahora lo bastante vida ruda del obrero con la asistencia que le es debida en forma de asistencia práctica, de religión, de dispensatorios y hospitales, de estímulo al ahorro, de distracciones y de represión alcohólica». El informe dio esperanzas a la gente del partido Democrático, pues siempre había convencido a los trabajadores en cuanto a que la vía correcta de reclamar era a través del ejercicio de la política. Sin embargo, el Congreso no hizo grandes cambios. En 1905 cuando en pleno centro de Santiago se produce la protesta por el precio de la carne, en que mueren centenares de trabajadores, en el Parlamento hubo voces que dijeron que todo era culpa de los agitadores, y de la gente que ha venido de fuera de Santiago.
De acuerdo al historiador Gonzalo Vial el país no encontraba remedio legislativo al problema obrero, si no que lo único que hacía era usar un aparato represivo. Esto se observa claramente en los incidentes de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907. Los obreros salitreros pedían lo siguiente:
Los obreros del salitre marcharon hacia Iquique, ciudad en la cual recibieron la solidaridad de otros trabajadores. Obligados por las armas del ejército, se les agrupó en el patio de la Escuela Santa María de Iquique, en la cual fueron masacrados al menos mil trabajadores. La dura represión hizo reaccionar en Santiago, alzándose voces parlamentarias, como Malaquías Concha, respecto de lo justo de la protesta obrera, y lo inhumano de la represión, más allá de lo que decían las leyes, que efectivamente prohibían las huelgas. La prensa conservadora, como por ejemplo el Diario Ilustrado hacía un llamado a los trabajadores a meditar respecto de las consecuencias de seguir a líderes que los llevan a baños de sangre. En un tercer enfoque hay un sector empresarial que ve a los trabajadores como algo aparte de la sociedad, pero para lograr un mayor éxito productivo deben mejorarse sus condiciones de trabajo y vida.
En 1912 con el liderazgo de Luis Emilio Recabarren se funda el Partido Obrero Socialista (actual Partido Comunista) el cual se convertirá en el vocero de las fuerzas obreras, superando por lejos a anarquistas, ácratos y las otras tendencias pro-obreros. Su participación parlamentaria será mínima en esa época, pero motivará a que otros sectores se preocupen de la «cuestión social«, de las condiciones laborales. Lentamente fueron surgiendo las leyes en favor de los trabajadores: el real descanso dominical, la ley de la silla, etc. En 1924, en medio de una serie de otras variables, tales como la intervención militar, se aprueban una serie de leyes sociales fundamentales, entre ellas el derecho a sindicalización y huelga, y las cajas de previsión de enfermedad y vejez.