Crisis Económica y fin de los Gobiernos Radicales

Tras el quiebre del Frente Popular, el Partido Radical perdió las preferencias del electorado de izquierda y se volcó hacia la derecha, con el propósito de recabar apoyo en el Congreso para paliar la complicada situación económica en que se encontraba Chile. A decir verdad, la crisis económica que se desató en el año 1931 (y que significó la caída de Ibáñez) jamás logró ser superada cabalmente, puesto que la inflación que derribó a la economía salitrera se extendió en el tiempo, a pesar del esfuerzo industrializador de los gobiernos radicales.


La principal causa del fracaso desarrollista radica en que la base de la economía chilena era la exportación de materias primas, una variable que no logró ser modificada a través del accionar de la CORFO, y que hace que nuestro país dependa de los vaivenes del comercio internacional y del mercado mundial. Por otro lado, la historia de la economía ha comprobado que los precios de las materias primas en el mercado mundial no aumentan en forma paralela a los precios de los bienes manufacturados; este escenario implica que en lo cotidiano el poder adquisitivo de las economías primarias disminuya progresivamente, lo que genera crisis inflacionarias que causan descontento y agitación social, factores que terminan por desestabilizar el orden institucional y a los gobiernos de turno.

La magnitud de la crisis que debió enfrentar la administración González Videla, llevó a este último a realizar reformas de corte populista con el fin de contener a las masas descontentas, siendo la más trascendental de ellas la ley de 1949 que permitió a las mujeres ejercer su derecho a voto en las elecciones presidenciales, porque hasta ese momento la ley electoral sólo las autorizaba para sufragar en los comicios municipales.

La recuperación de este derecho por parte de las mujeres significó un importante cambio en el mapa electoral de Chile, pues de un momento el universo de votantes de duplicó y los políticos debieron incluir las demandas del electorado femenino en sus campañas. Es necesario señalar que este factor traería importantes consecuencias en los comicios que designarían al sucesor de Gabriel González Videla.

Bajo estas condiciones, la última administración radical terminó sumida en una crisis de gobernabilidad y legitimidad que en las elecciones de 1952 se transformó en un elemento crucial para permitir la vuelta al poder de Carlos Ibáñez del Campo, quién fue visto por amplios sectores de la sociedad chilena como una opción para solucionar los problema estructurales del país que los políticos tradicionales no habían sabido resolver.